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Dictan arresto domiciliario total contra carabinero: Fiscalía tildó como «innecesario» sexto disparo a malabarista

Joven de 27 años recibió siete lesiones por proyectil balístico durante el enfrentamiento, uno de ellas fue en el corazón. Policías involucrados llevaban dos días en la ciudad.

    Felipe Contreras Reyes Con arresto domiciliario total quedó el sargento Juan Guillermo González Iturriaga, carabinero imput

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Crédito: Poder Judicial (captura de pantalla).

Felipe Contreras Reyes

Con arresto domiciliario total quedó el sargento Juan Guillermo González Iturriaga, carabinero imputado por homicidio simple contra Francisco Martínez Romero, malabarista de 27 años baleado el viernes pasado en la comuna de Panguipulli. Así definió esta tarde el Juzgado de Garantía de local durante la audiencia de formalización que se extendió por casi ocho horas, instancia donde el Ministerio Público cuestionó la proporcionalidad del procedimiento policial. La víctima terminó con siete lesiones infligidas por parte del funcionario.

La formalización comenzó a las 12:30 horas después que el tribunal debiera extender la detención, pues la Fiscalía de Los Ríos solicitó más tiempo el sábado para que la Policía de Investigaciones concretara las primeras diligencias. Esto último porque las manifestaciones de repudio —que terminaron con la municipalidad completamente incendiada— dificultaron la recolección de antecedentes la misma tarde del crimen.

Acorde al fiscal regional de Los Ríos, Juan Meléndez, el imputado utilizó seis veces su arma de servicio durante un control de identidad. Si bien aquello habría sido en respuesta a una agresión del malabarista presenciada por tres testigos, desde el Ministerio Público calificaron como “innecesaria” la última reacción del carabinero. “El disparo letal es el último y le puedo señalar, en lenguaje no médico, que fue en el corazón”, explicó la autoridad.

“Tal disparo excede la necesidad racional del medio empleado por el imputado para impedir o repeler la referida agresión”, argumentó Meléndez, “las lesiones recibidas por la víctima son siete. Cuatro de las cuales corresponden a orificios de entrada y tres orificios de salida”. Además, durante la audiencia también fue revelado que los funcionarios involucrados solo llevaban dos días en Panguipulli para reforzar los servicios en el marco del «Plan Verano».

Lo antecedentes recabados hasta ahora indican que el procedimiento comenzó afuera de un local, momento en que tres carabineros solicitaron la identificación al malabarista en el marco de un control de rutina. Sin embargo, este último habría respondido con la frase  “¿Y para qué? Yo no tengo carnet porque tengo dos nacionalidades”. Acorde a la versión de Fiscalía, el joven tampoco quiso entregar ningún otro documento y habría amenazado a los policías con tres machetes de cincuenta centímetros, pues el sargento solicitó que lo acompañara hasta un establecimiento policial. Este antecedente provino de una testigo protegida que no era parte de Carabineros.

Muerto en menos de dos minutos

En ese momento el  imputado desfundó el arma en presencia de sus colegas, aunque una funcionaria que lo acompañaba se refugió en un establecimiento para salir de la línea de fuego. El enfrentamiento se extendió durante dieciocho metros en apenas un minuto y diez segundos, contexto en que se habrían realizado tres disparos preventivos: uno contra al piso, otro contra una caja metálica de la vía pública y uno contra la pierna de la víctima. Esta último corrió directamente contra el imputado hasta lesionarlo en la cabeza, quien a su vez lo abatió con tres disparos en la esquina de calle Pedro de Valdivia, específicamente contra el muslo derecho, fosa iliaca derecha y tórax.

Durante la sesión el representante de la Defensoría Regional, Pablo Ardouin, argumentó «legítima defensa» e insistió que no habría habido un intento por abandonar a la víctima en el sector, puesto que los videos captaron que los tres funcionarios permanecieron en el sector hasta la llegada de una patrulla. Por su parte, representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuestionaron la presunta peligrosidad de los machetes que no habrían estado afilados acorde a su propia consideración.

En vista de los antecedentes, los querellantes solicitaron una pena de diez años de presidio por considerarlo un peligro para la sociedad. El Juzgado de Garantía también descartó la calificación de homicidio calificado y también el abandono de la víctima, pues el juez Felipe Muñoz. consideró que la reacción de los transeúntes impidió a acercarse al malabarista. Asimismo, el tribunal también desestimo el argumento de legítima defensa al considerar el último despido. Por último, se decretaron cuatro meses de investigación y se levantó la prohibición de informar la identidad del victimario.

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