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Tribunal laboral acogió demanda del sindicato de profesores y la Corporación Municipal deberá entregar un protocolo de seguridad

Tribunal rechazó la solicitud de suspensión de clases como medida de protección y estableció que la CMDS en cinco días hábiles a la notificación deberá indicar las medidas adoptadas ante situación de riesgos de los docentes.

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Foto: Captura de video

Este lunes continúa la suspensión de clases en los liceos Comercial A-16, Técnico A-14 y Mario Bahamonde Silva A-15 de Antofagasta, donde se han generado diversos episodios de violencia, gatilladas por las manifestaciones que se han realizado por el perro que fue lanzado desde un tercer piso en el Liceo Comercial.

Durante estas instancias manifestantes, entre ellos estudiantes, han generado daños, desordenes y amenazas, acogiéndose los trabajadores al Artículo 183 bis de la Ley del Trabajo, quienes interpusieron una demanda contra su empleador, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) la que fue acogida por el Tribunal Laboral y una medida de protección solicitando suspensión de clases, la que fue rechazada, sin embargo, este otorgó cinco cinco días a la CMDS para que entregue un protocolo de seguridad a los trabajadores de estos recintos.

» El tribunal básicamente a la petición nos dijo que no, pero sin perjuicio de eso, le dio a la Corporación de Desarrollo Social cinco días para que presente al tribunal todas las medidas y los planes de acción que desarrolló para proteger a los trabajadores en los colegios. Al transcurrir los cinco días, ellos tienen que presentar esos documentos, un protocolo, un plan de acción, medidas efectivas de protección», señaló el abogado del Sindicato de profesores y profesionales de la educación, Ramón Miranda.

Miranda agregó que «el tribunal le está dando la oportunidad a la corporación de que utilice esos cinco días para hacer los protocolos suficientes para poder proteger a los trabajadores. Pero lamentablemente nosotros hemos visto de la corporación que nos han entregado protocolos que son insuficientes, nos han entregado protocolos para evacuación de sismo, tsunami, que no son necesariamente útiles, tratándose de protestas de terceros donde el peligro no es una vía natural, sino que son terceros que son personas inteligentes que pueden bloquear salidas, pueden atacar personas selectivamente».

El abogado sostuvo que si la Corporación no entrega un plan de medidas de protección efectivas, solicitarán nuevamente la medida cautelar de suspensión de clases.

Esta suspensión mantiene cerca de 4 mil los estudiantes sin clases, situación en la que intervino la Seremi de Educación, quien a través del Plan Antofagasta dispuso de un presupuesto de 300 millones de pesos para abordar problemáticas como ésta y otras en la región.

«Nosotros seguimos con nuestro Plan Antofagasta, una iniciativa regional que obtuvo recursos del gobierno regional que nos va a permitir poder contratar un equipo multidisciplinario, entre ellos psicólogos, psiquiatras, abogados, entre otros, y poder llegar a cerca de 209 establecimientos educacionales en la región de Antofagasta. Seguiremos impulsando nuestros programas Aconvivirse, Aprende y Habilidades para la Vida», detalló el seremi Alonso Fernandez.

Del mismo modo la Seremi de Educación, la corporación municipal y los Centros Generales de padres han generado reuniones y mesas de trabajo, en las que no estarían incluyendo a los gremios.

Ivette Gareca, presidenta del sindicato, indicó «lamentamos bastante que en esa mesa que integró la Corporación, la Seremia de Educación, no fueron llamados los gremios, siendo que somos los que conocemos la realidad in situ de las situaciones que han sufrido los trabajadores. Esto se ha trabajado, podríamos llamarlo casi a puertas cerradas entre ambas autoridades y esto se ha comunicado a los directivos de los diversos establecimientos, sin embargo no hay nada oficial de parte de la Corporación hacia nuestro sindicato».

La dirigente finalmente llamó al diálogo y a incluir a los gremios en estas mesas para la búsqueda en conjunto de soluciones que brinden seguridad a los miembros de la comunidad educativa.

 

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