Mientras el Juzgado de Garantía postergó la formalización del agresor de la Escuela D-54, el Hospital Carlos Cisternas confirmó que la víctima de 13 años evoluciona positivamente. En las calles, el Colegio de Profesores lideró una multitudinaria protesta contra la violencia escolar.
Foto: Cedida
Una jornada de alta tensión judicial y social se vivió en Calama, donde se realizó este jueves el control de detención del menor de edad imputado por el ataque con arma blanca ocurrido la tarde del miércoles en las afueras de la Escuela D-54 «República de Chile», audiencia en la que el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención, la cual fue concedida hasta el próximo domingo.
El fiscal Eduardo Peña explicó la naturaleza de la investigación: «Hasta ahora se ha logrado determinar una agresión de un menor escolar a otro en las afueras de un establecimiento. La investigación se inició por lesiones y posteriormente por homicidio frustrado, pero la calificación jurídica final se determinará en la formalización. La información es reservada por tratarse de menores involucrados».
En paralelo, desde el Hospital Carlos Cisternas, el Dr. Patricio Toro, entregó un parte médico que trae un respiro a la familia de la víctima. «Ingresa un joven de 13 años con una herida penetrante abdominal complicada. Tras la intervención quirúrgica, se confirmaron lesiones en brazos gástricos que fueron controladas. El paciente salió estable de pabellón, se mantiene con hemodinamia estable, con leve dolor y sin necesidad de ventilación mecánica. Por ahora, no tiene criterio de traslado al Hospital Regional», detalló el facultativo.
Mientras la justicia y la salud seguían sus cursos, una marea humana recorrió el centro de Calama. Convocados por el Colegio Comunal de Profesores, cientos de docentes, apoderados y estudiantes marcharon hacia el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, para exigir políticas claras de Estado tras la seguidilla de ataques.
«Esto no es aislado. Venimos hablando de seguridad y convivencia hace mucho tiempo. Ayer se promulgó la ley, pero no es la solución de fondo. Exigimos fortalecer los equipos psicosociales y condiciones óptimas para ejercer la labor docente. No nos podemos hacer los tontos con esto; la comunidad está representada aquí porque queremos que nunca más ocurra lo del Instituto Silva Lezaeta o lo de la Escuela D-54», enfatizó Ariel Aguirre, presidente del gremio docente.
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