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Senadores UDI presentan proyecto que propone hasta 5 años de cárcel por “compra de votos” con participación de organizaciones criminales

Este proyecto busca aumentar las sanciones aplicables al cohecho y otras conductas, que se realicen con la participación de organizaciones criminales.

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Foto: Comunicaciones Senado de Chile

Un proyecto que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios fue presentado por los senadores de la Unión Demócrata Independiente José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Javier Macaya y David Sandoval, instancia que busca aumentar las sanciones aplicables al cohecho y otras conductas, que se realicen con la participación de organizaciones criminales.

La moción –que será analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización- busca hacer frente al llamado “compra de votos y cualquier forma de cohecho, cuando se ejecute con miembros de organizaciones criminales”.

El proyecto propone una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir entre 3 años y 1 día hasta los 5 años, y una multa que podría alcanzar los 6 millones y medio de pesos, al que -con miembros de una organización delictiva o criminal- en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector.

La ley vigente estipula que el cohecho, sin hacer referencia a la intervención de organizaciones criminales, enfrenta pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Este último punto se mantiene en la moción.

Entre los fundamentos se indica que “es deber del Estado dar protección y seguridad a la población, debiendo desarrollar todas las acciones indispensables para brindar un resguardo eficaz de las personas y sus bienes. En ese marco, en los últimos años, ante una criminalidad creciente, más violenta y organizada, se han aprobado normas para entregar herramientas jurídicas más modernas y actuales para combatir las nuevas formas de comisión de los delitos y, además, la tipificación de nuevos hechos punibles”.

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