HomeNoticiasRegional

RD: $426 millones en convenios son adjudicados por fundación de Daniel Andrade, pareja de la diputada Pérez

La parlamentaria comunicó la presentación de un oficio a Contraloría para que emita pronunciamiento sobre la legalidad de los convenios de transferencias de recursos con una serie de fundaciones.

Un lesionado dejó colisión y posterior volcamiento en la Avenida Pedro Aguirre Cerda de Antofagasta
Recuperan más de un millón de pesos en artículo robados que eran ofertados a través de internet
Prohíben el funcionamiento de panadería calameña por cucarachas en sus instalaciones

De acuerdo con lo publicado en Timeline, a comienzo de mayo, la Asociación de Funcionarios de Serviu mandó un correo electrónico con una serie de preguntas sobre la gestión de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que encabeza el militante de la Revolución Democrática (RD), Carlos Contreras.

Los reclamos indican que las decisiones que tomó el Equipo de Asentamientos Precarios bajo este liderazgo, fueron marginadas, explicando que no hubo interdependencia entre las dos organizaciones. Además, dieron a conocer su preocupación por la cantidad de profesionales que fueron contratados por la seremi sin retroalimentación sobre el detalle de sus funciones; un pago único de $54 millones por el arriendo de un fondo no contratado y alertó de una situación complicada: acuerdos por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y el fondo Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes de RD.

Según lo informado por la asociación, los convenios fueron suscritos por Andrade en octubre del año pasado, cuando se incorporó como asesor a la Subsecretaría de Defensa. El portal de transparencia de la última institución indica que en noviembre de 2022 apareció por primera vez el nombre de la organización de manera contractual. Los informes de traslado del Registro Central de Colaboradores del Estado incluyen convenios con Democracia Viva como destinatario. Los datos de los registros de la entidad privada, en el mismo registro señalan que la fundación tiene su sede en el municipio de Ñuñoa (Región Metropolitana) y que su representante legal es asesor de la Subsecretaría de Defensa.

El decreto del primer convenio con la Seremi de Vivienda fue presentado el día tres de octubre del 2022 y ascendió a 200 millones de pesos. El propósito de la donación es “disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades en base a salubridad y seguridad”.

El siguiente convenio por 170 millones de pesos fue emitido el 27 del mismo mes y tiene como objetivo “disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven” y el último convenio, con decreto el 19 de diciembre del 2022, fue por $56 millones para la “ejecución de diagnósticos socio territoriales – planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos en la Región de Antofagasta”.

Los cuestionamientos a los responsables a la red de relaciones y posiciones políticas que rodean estos contratos. El Seremi Vivienda es activista de la Revolución Camino Democrática y parte del círculo de hierro de la diputada en el mismo partido que Andrade, quien se desempeñó como asesor de una subsecretaría cuando se firmaron los convenios y aparte es pareja de la diputada Pérez, quien, como líder de RD en Antofagasta, estuvo entre los que dieron luz verde a una lista de nombres propuestos para la conformación del gabinete regional. En el correo electrónico, la asociación destacó que durante la administración anterior ha sido dañada por razones políticas, hecho que no permitirá que vuelva a suceder.

Oficio a Contraloría

TL se contactó con la diputada para saber si tenía conocimiento de que la fundación Democracia Viva, con Daniel Andrade como representante legal, había llegado en dos o tres meses a un acuerdo por más de 400 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, “Aquí se hace referencia a un convenio suscrito entre un seremi y una fundación en el que yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o conocimiento específico”, justificó.

Otro interrogante para Pérez es si, además de las cuestiones legales, considera legítimos los cuestionamientos porque su pareja, militante de RD, ha recibido los recursos para una fundación por parte de la Seremi de Vivienda, cuyo gerente también es activista de RD. “He decidido oficiar yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda sobre la más absoluta legalidad y apego a los estándares de transparencia y probidad de este y cualquier convenio suscrito en la región, porque no voy a tolerar que algunos inescrupulosos con claros incentivos políticos busquen sembrar un manto de duda sobre mi gestión parlamentaria”, recalcó.

El equipo de la diputada envió a este medio el oficio, que con fecha 14 de junio, solicita a la Contraloría Regional “emita pronunciamiento sobre la legalidad de los convenios de transferencias de recursos suscritos conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del MINVU, Programa de Asentamientos Precarios, partida 18, capítulo 01, programa 02, subtítulo 33, que hayan sido suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanización, ambos de la región de Antofagasta y las siguientes Fundaciones sin fines de lucro: Techo, Fusupo, Recrea, Espacio Lúdico, Urbanismo Social, Tomarte, Campamento de Ideas, Fibra, Democracia Viva y Procultura, en el contexto del Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde el año 2019 a la fecha, indicando además la razón por la cual se determinó este mecanismo”.

Jurídica desestimó una inhabilidad

Al titular de Vivienda Carlos Contreras, recibió cuatro preguntas más sobre el tema. Lo primero consistía en explicar si los tres convenios otorgados al fondo entre octubre y diciembre fueron cancelados con una sola transferencia o con estado de pago. “Entre agosto y diciembre de 2022 se materializaron 48 convenios con una duración de 16 meses, de conformidad a la programación heredada de la administración anterior, los tres convenios firmados con Democracia Viva son parte de este proceso. Con las 10 fundaciones vinculadas a nuestro programa de ‘Asentamientos Precarios’ se trabaja con la modalidad de transferencia de recursos, presupuesto validado previamente por nivel central, los cuales son transferidos a la fundación una vez aprobado el convenio y verificado que la fundación se encuentre habilitada para recibir nuevos recursos, esto es, que no tenga rendiciones pendientes a nivel nacional”.

Otra de las consultas que se hizo fue respecto al trabajo que desempeña Democracia Viva y cuánto tiempo contempla. “Respecto de las labores asociadas a los convenios, éstas consisten en acciones de levantamiento y diagnóstico territorial de campamentos recientemente catastrados, además de la ejecución de obras de menor envergadura asociadas a seguridad, tales como instalación de luminarias solares, soluciones para mitigar amenaza de incendios, entre otras”.

“Se realizó el análisis jurídico para evaluar la habilidad de todas las fundaciones, nuevas y existentes, se descartaron organizaciones con las que tengo un vínculo cercano o a las cuales haya prestado servicio. En el caso de Democracia Viva, al no existir lazos significativos ni parentesco, el área Jurídica de la seremi desestimó una inhabilidad” sostuvo Conteras ante la pregunta de si estaba en conocimiento que el representante de la fundación es Daniel Andrade, pareja de la diputada Pérez y militante de su mismo partido Revolución Democrática.

¿Más allá de lo legal, son legítimos los cuestionamientos porque una fundación con domicilio en la Región Metropolitana reciba importantes recursos por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta cuya jefatura milita en el mismo partido que el representante de esa organización? “Para revertir el hecho de que la mayoría de las fundaciones que cuentan con el perfil curricular para realizar este tipo de iniciativas tiene su domicilio en la Región Metropolitana, exigimos a las fundaciones contar con profesionales con desempeño local y en el territorio. Además de lo anterior estamos trabajando con dos fundaciones que tienen su origen en la región”, enfatizó el seremi.

«No nos parecen atingentes los vínculos personales”

La fundación Democracia Viva explicó a TL que llevan trabajando durante dos años para establecer vínculos territoriales y reconciliaciones a nivel nacional y durante este tiempo trabajaron en campamentos en Antofagasta, apoyando en la celebración de cabildos, realizando campañas de información para el plebiscito de salida, organizando conversatorios y difusión pedagógica en temas de la nueva Constitución con la participación del pueblo. Luego de estar conformada la fundación, desarrollaron proyectos en Antofagasta, Aysén, Los Ríos, Copiapó, Valparaíso y comunas de la Región Metropolitana, experiencias que ayudaron a la fundación a identificar oportunidades de desarrollo para el manejo de otros fondos.

“Los referidos convenios de Antofagasta fueron firmados por Daniel Andrade como representante legal ad honorem de la fundación, sin que haya recibido remuneración o beneficio alguno proveniente de estos convenios. Durante la ejecución de estos, nuestras contrapartes han sido las jefaturas de Planes y Programas, y Administración y Finanzas en lo administrativo y financiero, respectivamente. Los pagos para la implementación de los proyectos se han realizado mediante una transferencia por cada convenio”, especificaron desde Democracia Viva.

Actualmente, comunicaron que, se está avanzando en casi el 45% de los trabajos pactados en los convenios de fin de año. En ese aspecto, anunciaron que realizarán investigaciones de” diagnóstico en ocho campamentos; y en el marco los otros dos está desarrollando proyectos de habitabilidad primaria en un campamento, con el objeto de mejorar sus estándares en el corto tiempo, por medio de obras básicas y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades. En este contexto se ha realizado, por ejemplo, la construcción de cinco kits de emergencia para contribuir al combate de los incendios en territorios de difícil acceso para Bomberos, y seguimos trabajando en más proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias”.

“Reiteramos que esta labor la realizamos sin fines de lucro y sin intereses personales de por medio, por lo que no nos parecen atingentes a la evaluación de nuestro trabajo los vínculos personales que pueda tener uno de nuestros excolaboradores”, manifestó la fundación.

COMENTARIOS