La Fiscalia detalló que el imputado de 18 años portaba una katana con inscripciones de asesinos masivos internacionales y un artefacto explosivo simulado para generar distracción. La justicia otorgó 180 días de investigación, mientras dos de los heridos permanecen en riesgo vital.
Foto: PJUD
En una audiencia de formalización que conmocionó a la opinión pública por su crudeza, el Tribunal de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para H.M.L.(18), imputado como el autor del sangriento ataque ocurrido el pasado viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. El magistrado fijó un plazo de 180 días para la investigación, tiempo en el cual el joven permanecerá recluido por considerarse un peligro para la seguridad de la sociedad.
El Ministerio Público, liderado por el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, desnudó la escalofriante planificación que el imputado dejó consignada en un cuaderno incautado en su habitación. Bajo el título en latín «Dies Irae» (Día de Ira), el imputado urdió durante al menos cuatro meses un ataque motivado por el «odio, el capitalismo y la misantropía».
Lo más desgarrador revelado en la audiencia fue el objetivo declarado del atacante, niños de primero básico, que según sus escritos, consideraba a los alumnos más pequeños como «blancos fáciles para maximizar las bajas» debido a su «pureza». El plan, calificado como un fenómeno de Targeted School Violence (TSV), buscaba emular matanzas escolares de Estados Unidos y Rusia, incluso detallando su intención de morir en el acto o buscar la «fama» en reclusión.
Al momento de ingresar al establecimiento —aprovechando el «Jeans Day»—, Meneses portaba un arsenal meticulosamente preparado. Entre la evidencia incautada destaca una katana de 68 centímetros con inscripciones en corrector blanco alusivas a atacantes de tiroteos masivos extranjeros, hachas tácticas, cuchillos de combate, gas pimienta y jeringas con cloro.
Además, se reveló que el joven portaba un artefacto explosivo artesanal simulado (un termo metálico con cables, temporizador y tornillos a modo de esquirlas), el cual pretendía usar como distracción para asegurar su impunidad mientras ejecutaba los asesinatos con armas blancas.
CRONOLOGÍA DEL ATAQUE.
Cerca de las 10:40 horas del viernes, Meneses se preparó en un baño del colegio, poniéndose una capucha, antiparras y una máscara. Al salir, su primera víctima fue la inspectora María Victoria Reyes (59), a quien roció con gas pimienta antes de apuñalarla mortalmente por la espalda.
Posteriormente, atacó a la paradocente Hayde Moya (57) y se dirigió hacia los patios donde hirió gravemente a tres estudiantes de 15 años. Según la fiscalía, la tragedia no fue mayor gracias a que un alumno logró tacklear al agresor, permitiendo que otros compañeros lo redujeran antes de la llegada de Carabineros.
CARGOS Y AGRAVANTES
La Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de Homicidio calificado consumado contra la inspectora María Victoria Reyes, cuatro homicidios calificados frustrados contra la paradocente y tres menores de segundo medio, infracción a la Ley de Control de Armas por el dispositivo explosivo y gas pimienta) y porte de arma cortante o punzante reiterado.
Se consideraron las agravantes de alevosía y premeditación conocida, además de cometer el delito motivado por la edad de las víctimas.
En la otra vereda, la Defensoría Penal Pública adelantó que su estrategia será determinar la salud mental del joven. El abogado jefe, Stefen Kendall, señaló que insistirán en peritajes apuntando a informes que mencionarían síntomas ligados a la esquizofrenia, buscando una eventual declaración de inimputabilidad.
«Es importante tener presente que como Defensoría Penal Pública tenemos un rol institucional, legal y constitucional, que es entregar defensa a toda persona que se le imputa un hecho, cualquiera sea la gravedad o condición de las personas, con pleno respeto a la presunción de inocencia. Nuestra labor es realizar todas las diligencias relativas a esclarecer el estado de su salud mental y las daremos valer ante el tribunal», señaló el defensor.
Actualmente, dos de las víctimas —la funcionaria Hayde Moya y uno de los menores— se mantienen en estado crítico y con riesgo vital. «Mi madre sigue en estado grave, crítico de salud. Si bien ya no utiliza máquinas para poder respirar, ella continúa con varios órganos dañados respecto a este ataque, pero los avances que ella ha tenido son progresivos. Los abogados creyentes, más el Ministerio Público, más la Fiscalía han sido bien claros. No existe ningún atisbo de inimputabilidad», indicó su hija, Sian Khan Alavia.
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