Tras una compleja indagatoria desarrollada por las fiscalías SAC y brigadas especializadas de la PDI, el Ministerio Público presentó acusación contra 22 presuntos integrantes de una red transnacional que operaba mediante clanes familiares en la capital regional.
Foto: Fiscalía Regional de Antofagasta
Fiscalía Regional de Antofagasta presentó este lunes la acusación formal en contra de los 22 presuntos integrantes de la estructura transnacional desarticulada en agosto de 2025 bajo la denominada Operación «Casa de Muñecas», penas solicitadas que varían entre los 17 y 47 años de presidio, acumulando un total de 642 años y 26 días de cárcel, además de severas multas y el comiso de los bienes ilícitos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el libelo acusatorio, la organización operaba en la comuna mediante cuatro agrupaciones menores articuladas como clanes familiares, regentando recintos clandestinos de comercio sexual.
La investigación logró reconstruir cómo las ganancias de la explotación se blanqueaban en la economía formal a través de inversiones en vehículos, bienes raíces, personas que prestaban sus cuentas e incluso préstamos usurarios del tipo «gota a gota».
Eje patrimonial y cooperación internacional
En relación con el trabajo investigativo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, recalcó la importancia de golpear las finanzas de las bandas criminales: «En la trata, seguir el dinero no solo permite probar el lavado: permite reconstruir la explotación que lo hizo posible. Cuando una organización pierde su patrimonio, pierde también su capacidad de volver a captar».
Asimismo, la máxima autoridad persecutoria de la región destacó las gestiones para concretar la extradición desde Colombia de otra imputada sindicada como una de las cabecillas, quien fue formalizada en ausencia y actualmente se encuentra en prisión preventiva en el extranjero a la espera de ser trasladada a tribunales chilenos.
El proceso judicial continuará el próximo 30 de noviembre con la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la cual el tribunal evaluará las pruebas presentadas por la fiscalía, las cuales incluyen peritajes financieros, documentación bancaria y el testimonio clave de las víctimas rescatadas durante los operativos.
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