Un estudio internacional reveló altas concentraciones de metales pesados en 38 colegios de Calama que operan como reservorios históricos, desatando la exigencia de intervención estatal, medidas de mitigación del SLEP Licancabur y el debate técnico sobre la acumulación intradomiciliaria frente a la normativa ambiental vigente.
Foto: Archivo
Impacto generó una publicación de la revista internacional Environment International que revela resultados de un estudio que examinó el polvo acumulado en 38 establecimientos educacionales de Calama, una investigación, liderada por un equipo multidisciplinario de las universidades de Chile, Heidelberg, Tarapacá y del Desarrollo, concluyó que las salas de clases operan como verdaderos reservorios de minería histórica.
El trabajo científico detectó concentraciones de cobre, arsénico, plomo y molibdeno hasta 10 veces por sobre la norma, hallando partículas que superan ampliamente los niveles basales y geológicos naturales del desierto en la zona.
Consultado sobre los hallazgos, el académico de la Universidad de Chile, Carlos Manzano, detalló que «los principales hallazgos son las concentraciones que encontramos dentro y fuera de la clase que están correlacionadas. Las líneas de evidencia que apuntan a la industria minera se basan en isótopos».
Respecto a que las aulas funcionen como un reservorio, Manzano explicó que «significa que están acumulando emisiones recientes e históricas, y esto es preocupante porque los ambientes intradomiciliarios pueden exacerbar los efectos de la exposición».
Por su parte, el investigador de la Universidad de Heidelberg, Nicolás Zanetta-Colombo, se refirió a las pruebas experimentales realizadas: «Utilizamos embriones de pez cebra y encontramos un aumento significativo de la frecuencia cardíaca al exponerlos a extractos del polvo escolar… Esto no significa que hayamos demostrado enfermedades en los niños, sino que el material genera respuestas biológicas y exige investigar más».
Ante la gravedad de los antecedentes, el senador Esteban Velásquez calificó los resultados como verdaderamente alarmantes y advirtió que la comuna arrastra una deuda histórica en materia ambiental y exigió una acción decidida del nivel central, sentenciando que «llevamos años sufriendo en carne propia y denunciando a los distintos gobiernos de turno. Hoy corresponde la intervención del Estado con todos los organismos competentes, porque Calama ha sido demasiado generosa con Chile y hoy corresponde que se le intervenga».
En el ámbito de la administración educacional, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, Antonio Carevic, abordó el complejo escenario señalando que la prioridad institucional es resguardar el bienestar integral al interior de las aulas.
«Como Servicio Local de Educación Pública Licancabur, consideramos con absoluta seriedad los resultados de los recientes estudios ambientales, ya que nuestra prioridad intransable es resguardar el bienestar integral de nuestras comunidades al interior de sus aulas», indicó Carevic. El directivo adelantó que, mediante un esfuerzo estratégico conjunto con el Gobierno Regional, se gestiona la provisión de equipos purificadores de aire para las salas de los establecimientos involucrados, sumado a un rediseño de los protocolos de aseo institucional para implementar metodologías de limpieza especializada que permitan abatir la polución acumulada en la infraestructura.
Respuesta de la autoridad ambiental y réplica científica
En respuesta a la controversia, la Seremi del Medio Ambiente de Antofagasta emitió una declaración pública aclarando que el muestreo analizado data de enero de 2023, precisando que el estudio científico es previo a la implementación de la Resolución Exenta N° 204/2024.
La cartera ministerial destacó que, gracias a los planes de reducción de 500 toneladas anuales de MP10 —que consideran el lavado de calles y estabilización de caminos—, se registra una baja sostenida en las concentraciones de material particulado en la comuna, reafirmando que continúan trabajando en el diseño de un nuevo Plan de Descontaminación.
Frente a este argumento institucional, fuentes de la investigación explicaron que la normativa de material particulado al aire libre no resuelve el problema de la acumulación histórica de polvo tóxico y metales pesados acumulados durante décadas al interior de los colegios.
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