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Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la prisión preventiva para Carlos Contreras

La primera sala en fallo dividido confirmó la resolución impugnada, tras coincidir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

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Foto: PJUD Antofagasta

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta contra Carlos Contreras, quien fue formalizado como autor de cuatro delitos de fraude al fisco. Ilícitos perpetrados durante 2022, en el marco de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte.

La Primera Sala del tribunal de alzada, de manera dividida, confirmó la resolución impugnada, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fallo sostiene que “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”.

La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”.

El fiscal Cristian Aguilar, sostuvo que el imputado, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por Kelly Betancourt, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta.

Los convenios vinculados a esta arista fueron suscritos en el mes de septiembre del año 2022, los que implicaron transferencias que bordean los 456 millones de pesos.

 

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