Para el diputado por la región surgen ciertas dudas por la regularidad de la situación considerando la expertiz de la fundación, solicitando que se inicie una investigación. Sin embargo, desde el Gobierno Regional indicaron que la fundación lleva diez años trabajando en restauración de inmuebles, por lo que califican la situación como un "aprovechamiento político".
El parlamentario de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro, en conjunto con su bancada, exigió que se investiguen los más de 600 millones de pesos que fueron entregados a la Fundación Procultura de Antofagasta para la ejecución del proyecto «Conservación Histórica», iniciativa que tiene por objetivo «recuperar» las fachadas del sector del casco histórico de la ciudad, junto con el tratamiento de inmuebles patrimoniales.
José Miguel Castro calificó la situación de carácter grave, considerando que la fundación no tiene un giro específico para estas actividades, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), y que tienen que ver con “cuatro actividades económicas, todas relacionadas con la edición y comercialización de libros u otros referidas con el área de educación, así como de fundaciones y corporaciones promotoras de actividades, todas por cierto en el ámbito de la cultura”, según declaró, poniendo en duda la expertiz de la fundación, todo a raíz del Caso Convenios.
Asimismo, el documento firmado por diputados de RN estableció que “surgen serias dudas respecto a la regularidad de la toma de razón y del cumplimiento por parte de la Fundación Procultura de los requisitos y competencias para llevar a cabo la función que se le encomendaba y que escapa a la expertise o al giro que ésta declara al Servicio de Impuestos Internos”.
Respuesta a la denuncia
Dado que los fondos fueron entregados por el Gobierno Regional (Gore), durante la tarde de este miércoles la institución emitió una declaración pública en relación a las afirmaciones de José Miguel Castro mediante diversos canales.
En esencia, desde el Gore rechazaron las «insinuaciones de impropiedad en el procedimiento de asignación de fondos» adjudicados , ya que ninguno de los funcionarios tiene relación alguna con la fundación en cuestión, tuvo numerosas revisiones de distintos organismos y que la fundación presenta más de una década trabajando con inmuebles patrimoniales y su restauración.
Además, en la declaración el Gobierno Regional de Antofagasta explicitó una preocupación «por los intentos de aprovechamiento político, utilizando la desinformación que busca sembrar dudas sobre todo el trabajo del Estado y la cooperación pública-privada que es fundamental para el desarrollo del país.
Señalar que todos los antecedentes aún se encuentran en materia de investigación, y que debido al Caso Convenios son múltiples las fundaciones que están siendo investigadas, por lo que la justicia deberá señalar si existen culpables en caso de que se presenten antecedentes que den cuenta de procesos irregulares en la adjudicación de fondos del Estado.
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