La acción coordinada se dirigió contra tres viviendas relacionadas con secuestro y crimen organizado. La Seremi de Bienes Nacionales enfatizó que no permitirán el uso de suelo fiscal para la comisión de delitos graves.
Foto: Seremi de Bienes Nacionales.
Un duro golpe contra el crimen organizado se concretó la mañana de este viernes en el sector norte de Antofagasta, donde en una acción coordinada con Carabineros y la PDI, se ejecutó el desalojo administrativo y demolición de tres viviendas al interior del campamento «Madres Cabeza de Familia”, donde en el mes de octubre se detectaron bunkers subterráneos, estructuras directamente relacionadas con una investigación por asociación criminal vinculada a secuestro, acopio de drogas y tráfico de armas.
La acción fue encabezada por la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, “Estamos aquí con esta acción de demolición de tres viviendas que eran utilizadas por parte del crimen organizado. Hoy estamos haciendo justamente el desbaratamiento de estos inmuebles”, señaló.
El Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, General Cristian Montre Soto, manifestó: “Esta es una acción que es más que un compromiso, es una convicción de una necesidad que la gente requiere como una señal para poder estar tranquila… Acá la fuerza y acciones están siendo dirigidas hacia el crimen organizado, no hacia las personas vulnerables”.
Por su parte el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, sostuvo que “Cuando ocupaciones ilegales están destinadas a la comisión de delitos, vamos a proceder sistemáticamente como Gobierno a la destrucción de esos inmuebles y a la recuperación de ellos a favor de Bienes Nacionales”.
CAMPAMENTO OCUPA 320000 mts CUADRADOS DE TERRENO FISCAL.
La Seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva, entregó detalles sobre la extensión de la intervención, señalando que los tres inmuebles desalojados superan los 1.000 metros cuadrados. La autoridad puso el dato en contexto, indicando que el campamento completo tiene una superficie aproximada de 320.000 metros cuadrados.
Silva fue categórica al afirmar que el Ministerio está apoyando el combate al crimen organizado, sobre todo cuando los delitos se emplazan en terrenos fiscales. La Seremi enfatizó que no se permitirá que en suelos fiscales «se construyan inmuebles para la comisión de diferentes delitos que sean de connotación pública y que generen un impacto de gran envergadura en la comunidad».
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