Siete sujetos, entre ellos chilenos y bolivianos, quedaron en prisión preventiva tras simular ser una empresa para apropiarse de los vehículos. Carabineros del SEBV recuperó la totalidad de las máquinas en Calama antes de que fueran sacadas del país.
Foto: Cedida
Un operativo conjunto entre la Fiscalía de Calama y la sección especializada SEBV de Carabineros permitió desarticular una organización criminal dedicada a la sustracción de vehículos de alto valor, quienes lograron apoderarse de cinco camionetas de un renta car en Antofagasta utilizando documentación falsa, on objetivo de trasladar los vehículos hacia el extranjero.
Integrantes de la banda simularon ser representantes de una conocida empresa regional y mediante contratos fraudulentos y papeles falsificados, retiraron las cinco camionetas desde el estacionamiento de la arrendadora en la capital regional, trasladándolas de inmediato hacia la provincia de El Loa.
La empresa afectada interpuso la denuncia en la 5ª Comisaría La Portada, activándose inmediatamente una coordinación regional que permitió al SEBV rastrear los vehículos, investigación que dio frutos rápidamente y una camioneta fue hallada abandonada en el sector de Chiu Chiu, mientras que las otras cuatro fueron localizadas ocultas en un sitio eriazo en las afueras de Calama, cerca de la Ruta CH-21.
En el lugar, Carabineros interceptó a siete sujetos justo cuando se repartían las llaves para iniciar el traslado final, quienes, según detalló el Fiscal Jefe de Calama, Eduardo Peña, contaban con ropa y pertrechos para un viaje largo, lo que confirma la tesis de que pretendían sacar los vehículos del territorio nacional por pasos no habilitados.
Prisión preventiva para la banda
El grupo de detenidos, compuesto por ciudadanos chilenos y bolivianos, manteniendo tres de los imputados nacionales un abultado prontuario con 15 detenciones previas por delitos como robo con violencia, receptación y hurto.
En la audiencia de formalización, el Ministerio Público imputó los delitos de receptación, falsificación de instrumento público y apropiación indebida, instancia en que el Tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para seis de los formalizados, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, otorgando para la investigación un plazo de 100 días.
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