El oficio investiga el presunto uso de recursos públicos, funcionarios y cuentas de redes sociales municipales para favorecer la candidatura. Las denuncias apuntan a la difusión de material político junto al alcalde Sacha Razmilic.
Foto: RRSS
La Contraloría Regional ordenó un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el fin de investigar el presunto uso de recursos públicos, funcionarios y plataformas institucionales para favorecer la campaña a diputada de Yantiel Calderón.
El oficio, firmado por el contralor regional Víctor Eugenio Rivera Olguín, responde a denuncias de consejeros regionales, ciudadanos y presentaciones reservadas de funcionarios municipales, el que detalla una serie de acusaciones que apuntan a la vulneración de la probidad y el apoliticismo.
En éste, se acusa que el alcalde Sacha Razmilic y la entonces directora de DIDECO, Yantiel Calderón, habrían difundido material de carácter institucional para fines personales vinculados a la candidatura. También señala que se habría utilizado la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y funcionarios de la CMDS y del municipio para actividades relacionadas con la campaña, incluyendo el reparto de volantes de propaganda política, y que cuentas de redes sociales municipales habrían difundido o amplificado contenido que beneficiaba el posicionamiento político de la entonces candidata.
Del mismo modo, se acusa a Yantiel Calderón de impartir instrucciones a la DIDECO, PESE a tener permiso sin goce de remuneraciones (desde el 19 de agosto hasta el 16 de noviembre de 2025).
Tras revisar los antecedentes, Contraloría concluye que los hechos expuestos y respaldados por denuncias podrían constituir una infracción a los principios de apoliticismo, probidad administrativa y legalidad.
El dictamen enfatiza que los funcionarios públicos no pueden utilizar redes sociales institucionales para difundir contenido personal o político, ni redirigir plataformas del Estado hacia cuentas personales.
La conclusión de Contraloría es contundente: existen fundamentos suficientes para abrir un proceso disciplinario, que buscará hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.
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