Un muerto y un herido grave dejó el secuestro protagonizado por un ciudadano venezolano ocurrido en febrero de este año.
Foto:PDI
Por: Annais Muñoz Kacic
El hombre de nacionalidad venezolana que se presume que fue responsable por el secuestro de dos ciudadanos chilenos fue formalizado hoy por la Fiscalía de Calama debido a los delitos de secuestro con homicidio, secuestro calificado y receptación de vehículo motorizado ocurridos el 23 de febrero pasado en el sector Limón Verde, cercano al aeropuerto de Calama.
Según la investigación realizada por el Ministerio Público, en conjunto con el Grupo de Investigación Especial de Homicidios Calama de la PDI, el imputado junto a otros sujetos, hasta ahora no identificados,agredió y retuvo contra su voluntad a dos víctimas de nacionalidad chilena, exigiendo a cambio de la liberación de cada uno de ellos la cifra de $10 millones.
Mientras que las víctimas fueron mantenidas atadas al interior de una camioneta que presentaba encargo por robo, por lo demás, fueron filmadas y obligadas a tomar contacto con familiares para solicitar el pago del dinero demandado.
Sin embargo, los antisociales tras no recibir respuesta y transcurridas varias horas, deciden bajar a las víctimas de la camioneta y las amenazaron con armas de fuego y armas blancas comenzando un forcejeo durante el cual ambos secuestrados reciben heridas.Producto de las lesiones, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que el otro resultó con lesiones graves, personal policial concurrió al sitio del suceso y logró levantar una vainilla de proyectil balístico y amarras plásticas, entre otros elementos utilizados por el imputado y sus acompañantes en el hecho.
El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, explicó que “el imputado se encontraba en situación irregular en el país y además es investigado por la Fiscalía por el homicidio de un repartidor de gas perpetrado en enero de este año, caso por el cual se encuentra actualmente en prisión preventiva junto a otros dos detenidos”.
Por su parte, el Juzgado de Garantía de Calama dispuso un plazo de investigación de 120 días, periodo durante el cual el Ministerio Público realizará diligencias para encontrar nuevos antecedentes que acrediten la responsabilidad del detenido, además de dar con el paradero de los otros participantes en el hecho.
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