OPINIÓN: Mujeres en el periodismo. Un oficio expuesto a la violencia.

Irma Flaquer nació en 1938 un 5 de septiembre, en la capital de Guatemala. Obtiene su título de psicóloga y periodista, rubro en el que destacaría por su profesionalismo y activa militancia. Ejercer el periodismo para ella, tenía el imperativo político de informar y poder ofrecer un territorio de denuncia a la violencia estatal que sucedía por aquellos años. Su figura incómoda de mujer que “NO CALLA”, su escritura radical contra los regímenes militares desde su famosa columna semanal titulada “los que otros callan” del diario La Hora, fue el camino que nos propuso Irene para develar las atrocidades de un país entero, pero por sobre todo para pensar en un futuro de paz y justicia.

Entre 1966 y 1970 viajó con frecuencia como periodista a la región occidental y montañosa de Guatemala, subiendo en un bote a motor, pudo registrar los cuerpos asesinados y mutilados de mujeres indígenas y líderes políticos comunales que flotaban esparciéndose por el Río Motagua. Su fotografía era el testimonio que rompía el cerco de censura impuesta a los medios de comunicación.

En 1979 su activismo político la lleva a fundar la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala, la cual preside por casi 2 años. Ese mismo año sufre un atentado, una granada es lanzada a su auto mientras ella iba manejando dejándolas con graves heridas (su oído derecho no pudo escuchar más el sonido del mundo exterior). Más tarde Irma estuvo presente en un momento crucial de la historia de su país, su profesión y su cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, le permitió registrar cuando un grupo de campesinos del Quiche y líderes universitarios y guerrilleros tomaron la Embajada de España, suceso que hizo que las Fuerzas Armadas, quienes desconocieron todo protocolo y Convención del Derecho Internacional, quemaran las instalaciones teniendo como resultado que tanto los rehenes como los campesinos fallecieran calcinados. Flaquer entregó las grabaciones de los incidentes a una Radio Europea y señaló como responsables al Ministro del Interior Donaldo Álvarez.

Esta denuncia tuvo un altísimo precio y el 16 de Octubre de 1980, un día antes de irse a Nicaragua donde había decidido exiliarse por las constantes amenazas de muerte, cuando regresaba a su departamento, una camioneta intercepta el auto de su hijo Fernando, quien conducía, disparándole de muerte, mientras ella era secuestrada. Se presume que Irma fue torturada y luego asesinada, aunque su cuerpo jamás ha sido encontrado.

Hablar de Irma, recordarla, me hace traslapar los sucesos que enfrentan una serie de mujeres que ejercen el periodismo un en país como el nuestro. Si bien en este momento, Chile aparenta situarse en un contexto de democracia estable y consolidada, por qué cubrir lo que está pasando en las Calles, en los barrios, en las plazas, en nuestras regiones, asociado a las movilizaciones y demandas ciudadanas post estallido social y plena emergencia sanitaria COVID-19, puede ser pensado como un  oficio peligroso. Evidentemente, no nos encontramos en la situación extrema como las que reseñábamos con el caso de Flaquer, pero no podemos dejar pasar que las agresiones directas a la prensa, no solo constituyen un atentado a la libertad de expresión sino que repercute de manera directa en la posibilidad que tenemos todos/as/es para un acceso y disposición de información hoy tan necesaria y urgente para consolidar diálogos y convivencia democrática.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la violencia estatal contra medios internacionales, nacionales y algunos sitios digitales de periodismo independiente. El colegio de periodista de Chile ha emplazado en reiteradas ocasiones durante el 2020 al gobierno chileno a detener las acciones violentas contra los/as comunicadores/as y cumplir con los protocolos para garantizar la labor periodística en las manifestaciones sociales. El informe Libertad de Expresión en Chile. Informe 2020, desarrollado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, Fundación Datos Protegidos y el  Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile son locuaces vías para evidenciar las restricciones y las violencias que han enfrentado quienes ejercen su quehacer informativo.

Solo y como un mínimo señalamiento de memoria, es deber profundizar en los casos de Estefani Carrasco, periodista, quien fue detenida en la ciudad de Arica en 2019 junto con otras dos colegas al volver a sus domicilios tras registrar informaciones durante el toque de queda, a pesar de mostrar sus credenciales y permisos respectivos, son llevadas a la Comisaria y sometidas a desnudarse, y realizar sentadillas. La periodista hizo la denuncia ante la Fiscalía y expuso su caso en el INDH, sin embargo aún no hay responsables.

O lo ocurrido a Dayane Márquez, periodista de Antofagasta que sufrió a principio del año 2020 el impacto de perdigón de carabineros en su rostro tras estar cubriendo manifestaciones e incidentes en dicha región.

Este norte grande, (pues ambos casos son de allá) es escogido como representación de aquello que siempre queda oculto o tras bambalinas para nuestra egocéntrica existencia capitalina. Escribir de ellas, de Flaquer, y unirlas a Carrasco y Márquez, como periodistas que cumplen con su quehacer de informar y que por ello mismo, son vulnerables y se encuentran expuestas a condiciones de violencia, me recuerda que no podemos seguir con una espiral de silenciamiento y dedicar aunque sea un par de líneas a nombrarlas y a solicitar que las tengamos presente.