El fallo de la Corte de Apelaciones generó, inmediatamente, reacciones.
Pasadas las cuatro de la tarde de este miércoles, y luego de analizar todos los alegatos de la audiencia, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta anunció las nuevas cautelares para el exadministrador de la fundación democracia viva y el ex seremi de vivienda, Daniel Andrade y Carlos Contreras, respectivamente.
En virtud de los nuevos antecedentes presentados, el magistrado acogió la solicitud de la defensa de los imputados, reemplazando la cautelar de prisión preventiva por una mas atenúenle, arresto domiciliario y arraigo nacional.
Así lo explica el presidente de la corte de apelaciones de Antofagasta, Jaime rojas, detallando que «la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y de ultima opción, que se justifica cuando las demás medidas cautelares no resultas suficientes a propósito de la persecución penal y, esta sala, señaló que la medida cautelar de prisión preventiva resultaba desproporcionada».
Inmediatamente, desde la fiscalía tomaron postura sobre la decisión de la corte de apelaciones en virtud de las cautelares presentadas, destacando que se mantuvo el pronunciamiento de que los hechos que están en investigación son constitutivos de delitos de fraude al fisco, reiterados y en calidad de autores.
Por lo demás, el ministerio público tampoco se cerró a nuevamente debatir las medidas cautelares una vez avance la investigación. As lo indicó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
«Si durante el curso de la investigación , de lo que sigue, existen antecedentes que permitan modificar la cautelar para imponer una más gravosa que la que quedó fijada en esta oportunidad, efectivamente el Ministerio Público puede solicitar la modificación de la medida cautelar y volver a solicitar, por ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva», expone el fiscal.
Por otro lado, los argumentos que convencieron a la corte de Antofagasta fueron estos nuevos antecedentes que presentaron, donde se incluye la declaración del ex seremi de vivienda, como también el informe emitido por gendarmería donde se señala el bajo nivel delictual de los imputados.
Posterior al termino de la audiencia, el exseremi de Vivienda e involucrado en el caso, Carlos Contreras detalla que los procedimientos «eran de público conocimiento dentro del Ministerio de Vivienda y el tema es que los tiempos entre las instituciones son disímiles. Por un lado, estaba la información que debía ser entregada al ritmo del Ministerio Público en el contexto de una investigación de la Fiscalía y, por otro, estaba lo que comunicacionalmente se podía haber expresado hace un tiempo atrás».
Rebaja de las medidas cautelares para dos de los imputados en la arista democracia viva del caso convenios, que por supuesto trajo repercusiones a nivel político. Por un lado, sectores ven la colaboración de los acusados como una forma de llegar hasta el ultimo nivel del caso, mientras que otros creen que se trata completamente de un error.
Asimismo, José Miguel Castro indica que «aquí lo más importante es que se llegue al fondo y se pueda determinar las implicancias de otras personas», mientras que el diputado Raul Soto menciona que «no hay que dejar ningún espacio a la impunidad. Debe caer todo el peso de la ley aquellos que se hicieron ilegítimamente de recursos que iban a los sectores más vulnerables».
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