El Juzgado de Garantía formalizó la investigación en una nueva arista, por convenios suscritos en julio del año 2022 entre el Minvu y Fundación Superación Pobreza.
Foto: Archivo
Este lunes se llevó a cabo una extensa jornada judicial en el marco del Caso Convenios en Antofagasta, donde el Juzgado de Garantía formalizó una nueva investigación por la arista Fusupo contra el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, a quien se le imputan dos delitos de fraude al fisco y dos de cohecho, en el marco de dos convenios uno por más de 158 millones de pesos, el otro por 136 millones, suscritos entre el Minvu y la Fundación Superación Pobreza el 1 de julio del año 2022.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, en cuanto a los delitos, indicó que “se habrían cometido en el año 2022 en el contexto de la suscripción y aprobación de dos convenios de transferencia de fondos por el PAP, Programa de Asentamientos Precarios, en el que el señor Contreras habría intervenido arbitraria e ilegítimamente y además habría resuelto la contratación de dos personas con cargo a los fondos fiscales”.
Respecto a estas dos contrataciones, una de ellas la de la concejal Paz Fuica, quien se encuentra formalizada en el marco de la arista “Democracia Viva”, el fiscal agregó que “habrían prestado funciones en dependencia de la Seremi del Minvu Antofagasta, realizando funciones propias de dicha repartición, lo que naturalmente se encontraba prohibido en los convenios celebrados, puesto que los dineros debían solucionarse, gastarse, para los fines respecto de los cuales se aprobaron dichos tratos”.
Aguilar explicó que “se destinaron fondos de los tratos fiscales para fines que no se encontraban previstos. Esto es para cumplir funciones en la Seremi Minvu respecto a materias propias de esa institución y se ha favorecido a las dos personas que efectivamente fueron contratadas por Fusupo y que prestaron funciones para la Seremi del Minvu de Antofagasta, personas respecto de las cuales se encontraban vinculadas con el ex seremi Contreras. O sea que, a diferencia de esta, por ejemplo, no había como un concierto de momento de la suscripción de los convenios, sino que es la contratación netamente”.
Recordemos que la exautoridad cumple prisión preventiva, razón por la que el Juzgado de Garantía accedió a la petición de una nueva audiencia para discutir las medidas cautelares, la que fue fijada para el 18 de octubre, decretando para la investigación un plazo de 75 días.
COMENTARIOS