El imputado de nacionalidad venezolana, presunto autor de los disparos, mantenía dos órdenes judiciales vigentes y un decreto de expulsión del país.
Foto: Captura de Video
En prisión preventiva quedaron cuatro ciudadanos extranjeros formalizados tras el violento ataque armado que dejó gravemente herido a un funcionario de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Segunda Comisaría de Antofagasta, durante un control preventivo desarrollado el pasado 12 de agosto en la intersección de calles Huanchaca con Chiloé en la capital regional.
El presunto autor de los disparos, un ciudadano venezolano de 26 años que era intensamente buscado, fue formalizado por homicidio frustrado contra carabinero en acto de servicio y porte ilegal de arma de fuego. En tanto, otros tres sujetos (dos venezolanos y un colombiano, entre ellos un conductor de aplicación) fueron imputados en calidad de encubridores por facilitar su ocultamiento y huida en Antofagasta y Calama.
El Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, General Cristian Montre, detalló «Desde el primer momento dijimos que Carabineros iba a trabajar para esclarecer este hecho y detener a quienes participaron en el ataque contra uno de los nuestros, y eso lo estamos haciendo. Este resultado responde al despliegue investigativo especializado de Carabineros del OS9 Antofagasta, junto al trabajo de inteligencia policial en la calle y al levantamiento de evidencias. Eso fue clave para detener a uno de los sujetos que sería autor material de este vil y cobarde ataque, quien además mantenía dos órdenes judiciales vigentes y una orden de expulsión del país, junto a tres encubridores. El trabajo no ha terminado, hay otro sujeto prófugo y lo seguimos buscando: a quienes lo estén ocultando, no lo hagan, el encubrimiento también tiene consecuencias».
Por su parte, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, remarcó la gravedad del ilícito y la necesidad de mantener a todos los imputados tras las rejas. «Cuando se dispara contra un carabinero en ejercicio no se lesiona únicamente a una persona; se comprometen de forma simultánea varios bienes jurídicos: la vida y la salud del funcionario, pero también la función pública de hacer cumplir la ley, la seguridad de la ciudadanía a la que protegía y la propia institucionalidad del Estado. Es esa pluralidad la que distingue este hecho de otros delitos comunes. «
El Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva para todos los imputados y fijó para la investigación un plazo de 150 días, mientras se mantienen intensos operativos para dar con el paradero del segundo tirador identificado, el chileno M.A.R.S., quien continúa con orden de detención pendiente.
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