La legisladora del Partido Social Cristiano impulsa indicaciones clave a proyecto de inteligencia económica, buscando controlar remesas sin trazabilidad y proteger la economía y seguridad nacional.
Foto: Archivo
La diputada del Partido Social Cristiano, Yovana Ahumada, ha presentado una serie de indicaciones cruciales al proyecto de ley que crea un subsistema de inteligencia económica. El objetivo principal es frenar el envío fraudulento de millones de dólares al extranjero por parte de ciudadanos extranjeros, recursos que, según la parlamentaria, provienen de actividades ilícitas.
Consciente de la creciente amenaza de las bandas internacionales del crimen organizado en Chile, y la forma en que estas utilizan las remesas para mover millonarios montos fuera del país, la diputada Ahumada expresó su profunda preocupación. «Estas acciones son realizadas diariamente por inmigrantes sin control ni trazabilidad alguna, una situación que perfectamente podría facilitar el comercio informal e incluso el financiamiento de redes del crimen organizado internacional», advirtió la legisladora antofagastina.
Ahumada enfatizó la magnitud del problema: «Se trata de cantidades muy significativas de recursos, hablamos de millones de dólares que salen de nuestro país sin pagar impuestos y sin que nadie conozca su origen ni a dónde van a parar. Pienso que lo que está pasando no solo afecta a nuestra economía, sino que también puede poner en riesgo la seguridad del país».
La parlamentaria también vinculó este fenómeno con la inmigración ilegal, denunciando que «la facilidad para enviar remesas desde Chile utilizando a empresas que no tienen mayores controles está incentivando a que muchas personas ingresen al país por pasos no habilitados, aprovechando el beneficio del cambio monetario».
Para abordar esta problemática, la diputada Yovana Ahumada propone en sus indicaciones que «solo se puedan enviar remesas en la medida que se acrediten ingresos formales y que no se permita enviar más del 50% de lo ganado en Chile». Adicionalmente, planteó la obligación de informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre toda operación sospechosa.
«Chile no puede ser la caja chica del crimen organizado», sentenció Ahumada. «Para eso tenemos que aumentar los mecanismos que impidan que estos recursos, obtenidos de manera fraudulenta, salgan del país para financiar sus operaciones».
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