La intervención interagencial en las calles Illapel, Buenos Aires y Montevideo terminó con dos recintos con prohibición de funcionar, multas del SII que superan los 3,8 millones de pesos y trabajadores denunciados por infracciones a la Ley de Migraciones.
Foto: Seremi de Salud Antofagasta
Un operativo interinstitucional realizado en el sector norte de Antofagasta terminó con la paralización de faenas en dos talleres mecánicos, la aplicación de multas por evasión tributaria y denuncias por infracciones migratorias. La intervención fue coordinada por la Coordinación Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito y contó con la participación de la Seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Las fiscalizaciones se desarrollaron en talleres ubicados en las calles Illapel, Buenos Aires y Montevideo, donde los equipos detectaron diversas irregularidades. Entre ellas, la falta de autorización sanitaria para funcionar, deficientes condiciones de seguridad para los trabajadores y problemas en el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, situación que derivó en la paralización inmediata de actividades en dos de los recintos inspeccionados.
Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos cursó multas que superan los 3,8 millones de pesos por la no emisión de documentos tributarios. En tanto, Carabineros denunció a uno de los talleres por realizar labores mecánicas en la vía pública y a otros dos por no contar con su patente comercial vigente para operar.
Durante el procedimiento, detectives de la PDI verificaron la situación de diez trabajadores extranjeros que se desempeñaban en los establecimientos fiscalizados. Como resultado, dos personas fueron denunciadas por infringir la Ley de Migraciones tras comprobarse su ingreso irregular al territorio nacional.
El coordinador regional de Prevención del Delito, Juan Fernández Valenzuela, explicó el alcance de la medida: “Estas intervenciones focalizadas se centran en controles vehiculares para identificar móviles con encargo por robo, de identidad a personas con órdenes de detención vigentes o situación migratoria irregular, además de verificar que los responsables de estos locales cuenten con inicio de actividades, autorizaciones sanitarias, condiciones de seguridad y patentes comerciales».
A lo anterior, la autoridad de Gobierno añadió que «los resultados demuestran graves irregularidades que afectan directamente la calidad de vida de los vecinos del sector”.
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