El documento detalla que los valores definitivos para 2026 se informaron en octubre, en pleno proceso SAE, afectando el derecho de los padres a postular a otros colegios. El diputado Sebastián Videla y el abogado Jorge Rivera basan su acción en la tardanza de la comunicación.
Foto: RRSS
El conflicto entre apoderados del Colegio Eagle School y la Fundación Educacional que lo sostiene sumó un nuevo capitulo esta semana, tras filtrarse un oficio que la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Educación enviara a la Corte de Apelaciones, solicitado en el marco del recurso interpuesto por 203 personas.
El documento, si bien fue interpretado como un respaldo a la denuncia, es en realidad un informe que detalla la cronología de la transición del colegio a particular pagado y consigna la limitada injerencia de la autoridad en la fijación de aranceles, siendo el centro de la controversia el fuerte aumento en las mensualidades para el año 2026.
La SEREMI de Educación confirmó que, tras rechazar un intento en 2024 (por falta de consentimiento), el Ministerio aprobó este 2025, tras cumplir todos los requisitos, el paso del colegio a particular pagado para el periodo 2026, cambio que autoriza al establecimiento a operar sin financiamiento estatal.
Sin embargo, el malestar de las familias se centra en que, a pesar de haber firmado el consentimiento para el cambio de régimen, reclaman que no fueron informados con la debida antelación del altísimo valor definitivo de la colegiatura para el próximo año.
El Oficio de la SEREMI a la Corte (ROL P-1983-25) justamente consigna que los valores definitivos fueron anunciados recién en octubre de 2025, en pleno proceso del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este documento detalla que, en el caso de 1° a 4° básico, la diferencia fue de casi $78.000 en contra del apoderado respecto a las cifras referenciales dadas en julio.
Aun cuando la SEREMI no tiene facultad para fijar el arancel de un colegio particular, el abogado de los apoderados, Jorge Rivera, señaló «El aumento de la mensualidad antes dicha está completamente fuera de plazo, no le da a los apoderados una ventana oportuna para que puedan actuar y que además han habido faltas en el proceso de paso a un colegio particular.»
El Diputado Sebastián Videla, quien solicitó revisar los antecedentes, basó su postura en la tardanza de la notificación de los costos definitivos, que afectó la decisión de las familias.
«Hoy la Seremí de Educación ha confirmado antecedentes que son muy relevantes para la tranquilidad de las familias. El informe, establece que los valores definitivos para el año 2026 no fueron entregados oportunamente, afectando el derecho de cientos de apoderados a decidir de manera informada, especialmente durante el proceso SAE.»
El parlamentario confirmó que la propia SEREMI de Educación considera «preocupante» la falta de información, un punto que será clave para la resolución de la Corte de Apelaciones.
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