Tras más de seis años de tramitación, fue despachada a Ley una ambiciosa iniciativa que busca transformar el acceso a la justicia y servicios notariales, con nuevos estándares de fiscalización, digitalización y el fin de los cargos vitalicios.
Foto: Cedida
El Senado aprobó y despachó a ley una reforma largamente esperada para el Sistema Notarial y Registral de Chile, iniciativa que se tramitó por más de seis años en el Congreso y que promete una profunda modernización enfocada en la transparencia, la fiscalización efectiva y una mejora sustancial en la calidad de los servicios que se entregan directamente a la ciudadanía.
Esta nueva ley actualiza aspectos clave del funcionamiento de notarios, conservadores y archiveros, alineándose con la agenda de modernización del Estado. Entre los cambios más relevantes, se destaca la implementación de concursos públicos para los nombramientos, los cuales se realizarán a través del riguroso Sistema de Alta Dirección Pública, dejando atrás la designación directa. Un cambio trascendental es el fin de los cargos vitalicios, estableciéndose un límite de edad de 75 años para el ejercicio de estas funciones, y prohibiendo la inclusión de familiares de ciertas autoridades en los procesos de selección.
La reforma pone al centro la protección del usuario, incorporando al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) con facultades explícitas para supervisar la calidad del servicio y actuar ante reclamos ciudadanos por problemas de atención o cobros irregulares. Además, se fijarán tarifas máximas para los trámites notariales, un proceso que será determinado técnicamente por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
La modernización incluye una fuerte apuesta por la digitalización de los servicios, garantizando el acceso remoto y gratuito a los registros, la creación de sitios web informativos y canales de reclamo en línea. Esto se complementará con mejoras en la infraestructura y equipamiento tecnológico de las oficinas, junto con la obligación de cumplir con horarios de funcionamiento claros y estándares mínimos de atención al público.
Desde el ámbito regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, valoró la aprobación de este proyecto. «Va a permitir realizar cambios en el sistema notarial y registral que son muy importantes para toda la ciudadanía: establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios claros de funcionamiento, medidas respecto al tipo de soporte digital que tienen que tener y, por cierto, modifica y fortalece la fiscalización a las notarías, archiveros y conservadores de todo el país», señaló la autoridad.
Con la aprobación del Congreso, la reforma será ahora remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, el paso previo a su promulgación definitiva como ley de la República.
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