El ex uniformado fu hallado culpable en calidad de autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y abusos contra particulares, ocurridos el 13 y 19 de enero del 2023 en la capital regional.
Foto: Archivo
El Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó al excarabinero Luis Cortés Escobar a las penas de tres años y 818 días como autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y abusos contra particulares, ocurridos el 13 y 19 de enero del 2023 en la capital regional.
En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado que «el día 13 de enero de 2023, alrededor de las 13:30 horas, la víctima F.P.G.B fue detenida junto a un tercero en un procedimiento por violencia intrafamiliar por Carabineros y trasladada a la Quinta Comisaría de Antofagasta, donde fue ingresada al calabozo, bajo la custodia del condenado a la espera del control de detención.
«En el ejercicio de sus funciones y abusando de su cargo, le dio a la víctima diversos tratos degradantes, consistentes en la ejecución de variados y diversos actos de connotación y relevancia sexual, sin la posibilidad de oposición de la víctima a la autoridad que ejercía el acusado, dada la situación en que se encontraba (bajo su cargo, custodia y control), como detenida y privada de libertad», sostuvo el tribunal.
En cuanto a la segunda, el tribunal dió por acreditado que el 19 de enero de 2023, pasadas las 22:00 horas, carabineros acudió a un procedimiento en un inmueble del sector norte de esta ciudad, donde una menor de entonces 16 años requeríaa asistencia médica.
En el lugar, el cabo 1° Luis Cortés Escobar, acompañado de la madre de la adolescente se dirigió a un dormitorio en el segundo piso, donde «pidió quedarse a solas con la joven y estando ambos sentados en la cama, se le acercó y le tocó sus piernas, le besó el cuello y la besó en la boca para luego retirase de la habitación y más tarde de la vivienda».
Cortés fue condenado, además, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas, y al pago de 20 millones de pesos a una de las víctimas por el daño moral causado.
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