La Corte de Apelaciones declaró la incompetencia del Tribunal local y envió la arista Democracia Viva a la capital tras acreditar que el fraude partió en Ñuñoa con el falso arriendo de un inmueble.
Foto: Archivo
En un fallo dividido de 16 páginas dictado este martes 19 de mayo, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró la incompetencia territorial del Juzgado de Garantía local para seguir tramitando la causa unificada del Caso Convenios que agrupa entre sus aristas Democracia Viva, ordenando traspasar la totalidad de los antecedentes penales al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Este adverso escenario para el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se consolidó luego de que el tribunal de alzada acogiera en bloque los recursos de apelación presentados por los abogados de los principales imputados del caso: Daniel Andrade Schwarze, el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez, y la diputada suspendida Catalina Pérez Salinas.
Las defensas unificaron sus argumentos para derribar el dictamen de primera instancia del pasado 6 de abril, demostrando ante los ministros de la Corte que la máquina delictiva de fraude al fisco y lavado de activos no comenzó a operar en suelo antofagastino, sino que tuvo su origen y su «principio de ejecución» en la Región Metropolitana.
El contrato falso en Ñuñoa y la caída de la tesis fiscal
El punto medular que inclinó la balanza a favor de los imputados radica en el análisis técnico que la Corte hizo sobre las maniobras iniciales de la fundación. La defensa de Daniel Andrade expuso con éxito que el inicio del fraude ocurrió en Santiago el 26 de julio de 2022, fecha en la que se suscribió un contrato de arrendamiento ideológicamente falso respecto a un inmueble en la comuna de Ñuñoa con el único fin de simular un domicilio legal para Democracia Viva, papel que cinco días más tarde usaron para tramitar de forma fraudulenta la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Santiago.
Con esos antecedentes, la Corte desarmó la tesis de la Fiscalía local, que pretendía radicar la competencia en Antofagasta basándose en un correo electrónico que el exseremi Carlos Contreras envió el 12 de julio de 2022 instruyendo invitar a Democracia Viva a los convenios gubernamentales.
Los magistrados determinaron que a esa fecha la fundación era una «entidad estéril» que legalmente no existía ante el SII, no tenía RUT ni capacidad para recibir fondos públicos, por lo que las gestiones en Antofagasta fueron catalogadas como meros actos preparatorios inidóneos. A juicio del tribunal, el peligro real para el patrimonio fiscal nació únicamente cuando se concretaron los engaños documentales en Santiago para darle una apariencia legal a la organización.
El portazo a las otras aristas (Tomarte y Fibra)
El contundente fallo, redactado por el ministro Jaime Rojas y apoyado por la fiscal judicial María Teresa Quiroz, también le dio un duro portazo a las pretensiones del Consejo de Defensa del Estado. El organismo querellante intentó retener la causa en el norte argumentando que el juicio penal se encuentra agrupado con otras aristas locales de corrupción, como las fundaciones Tomarte y Fibra, cuyos decretos y pesquisas también apuntaban a Antofagasta.
Sin embargo, los jueces determinaron que en ninguno de esos otros capítulos paralelos existía constancia de «hechos directos de ejecución» que fuesen anteriores al arriendo falso de Santiago fijado el 26 de julio.
La resolución concluyó de manera tajante revocando la competencia local, contando únicamente con el voto en contra del abogado integrante Fernando Orellana Torres, quien era partidario de mantener los delitos radicados en la zona.
De esta forma, el caso político más complejo surgido en las tomas del norte abandona definitivamente los tribunales regionales para instalarse en Santiago, abriendo un complejo e incierto panorama sobre el futuro de las audiencias y las condenas.
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