Una querella criminal por el uso irregular de caudales públicos en la Fundación Cultural de la comuna activó las alarmas. Mientras la acción judicial apunta a una "bicicleta financiera" para pagar imposiciones, la jefa comunal asegura que entregó todos los antecedentes a la Contraloría.
Foto: Archivo
Una grave denuncia por malversación de caudales públicos sacude a la Municipalidad de Sierra Gorda, que presentó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta una querella criminal, que apunta a la existencia de una presunta «bicicleta financiera» al interior de la Fundación Cultural de la comuna, donde se habrían desviado recursos destinados a fines específicos para cubrir deudas de seguridad social y otros gastos no autorizados.
Según los antecedentes de la querella, el método incluía maniobras altamente sospechosas, como la realización de depósitos de apenas 1 peso en diversas cuentas, presumiblemente para verificar la vigencia de estas antes de realizar transferencias mayores, fijando el foco inicial en el traspaso de $8,7 millones de pesos para el pago de imposiciones, pero la investigación advierte que la cifra total bajo sospecha podría alcanzar los $800 millones de pesos.
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es el presunto desvío de fondos hacia agrupaciones de danza, específicamente para actividades de los «Caporales», recursos, que debían destinarse al desarrollo cultural y patrimonial de la comuna bajo estrictas normas de subvención, habrían sido utilizados fuera de todo marco legal, alimentando la tesis de la malversación.
Tras días de hermetismo, la alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera, rompió el silencio. En un tono marcado por la cautela, confirmó que la propia administración ha colaborado con los órganos fiscalizadores.
«Los antecedentes fueron puestos oportunamente ante la justicia, porque creemos en las instituciones. La verdad se establece con hechos, no con especulaciones», señaló la alcaldesa, enfatizando que todos los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría.
Con esta medida, la administración busca reafirmar un compromiso con la probidad administrativa, mientras la comunidad de Sierra Gorda espera que se aclare por qué dineros públicos terminaron financiando desde deudas previsionales hasta trajes y viajes de agrupaciones de danza.
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