Tras ser desvinculado por la polémica licitación de comunicaciones, el periodista Francisco Salazar rompe el silencio y demanda a la Corporación Municipal, asegurando que su despido fue injustificado y que se le expuso públicamente, vulnerando su derecho a la honra.
Foto: Mezcla archivo y Punto de prensa.
Un nuevo capítulo suma el polémico contrato de comunicaciones de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), que ya generó la salida de varios funcionarios, este jueves Francisco Salazar, exjefe de prensa de la entidad, informó que presentó una demanda contra la Corporación tras ser desvinculado por lo que él considera un «menoscabo público» y un despido injustificado.
En un punto de prensa, Salazar desmintió la versión oficial que atribuía su salida a una «falta de confianza». «A mí se me despide por supuesta necesidad de la empresa, ya que la CMDS no podía sostener el cargo. Fue todo falso», declaró. El periodista argumentó que la decisión de usar fondos de salud y educación para el contrato publicitario no fue suya, sino que vino de un exdirector de la CMDS, y que el proceso de licitación pasó por múltiples filtros y equipos, no siendo él el único responsable.
«El alcalde falta a la verdad», afirmó Salazar, señalando que la autoridad le pidió la renuncia públicamente cuando, en realidad, le comunicaron su despido por «necesidades de la empresa». Salazar enfatizó que, poco después de su salida, la Corporación contrató a nueve nuevos funcionarios con sueldos superiores al que él tenía.
El abogado de Salazar, David Cristóbal Garay, explicó que la acción legal es una «tutela de derechos fundamentales» por vulneración del derecho a la honra de su defendido. «Se vulneró el derecho a la honra a propósito de dichos. Cuando se despide a un trabajador, hay ciertas maneras de hacerlo y acá se cometieron dos errores fundamentales: exteriorizar a terceros el despido en un punto de prensa y, segundo, que se imputaron conductas que no eran así», afirmó el abogado.
La demanda busca una compensación económica que, según el Código del Trabajo, podría ir de 6 a 11 remuneraciones, además de disculpas públicas por parte de una figura de representación de la Corporación, como el director o el alcalde, la que fue declarada admisible, y la primera audiencia ha sido programada para el 15 de abril de 2026.
Al ser consultados sobre esta situación, desde la CMDS indicaron que no se referirán a la demanda, ya que aún no han sido notificados oficialmente.
Recordemos que la desvinculación del periodista y la polémica se originaron por la revelación de un contrato de comunicaciones por $65 millones. La controversia surgió al conocerse que los fondos para dicho contrato provenían de subvenciones estatales destinadas a servicios de educación y salud. La situación provocó una fuerte reacción pública y la apertura de una fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, lo que llevó a la salida de varios funcionarios, incluyendo a Salazar.
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